Agrotóxicos, ciencia y salud: el debate sobre la investigación pública en el INTA

La relación entre producción agropecuaria, uso de plaguicidas, salud humana y ambiente vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre el modelo productivo argentino. Una situación ocurrida en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) puso en discusión no solamente la disponibilidad de información sobre los impactos de los agroquímicos, sino también el papel de la investigación científica pública y el derecho de la sociedad a conocer sus resultados.

En junio de 2023, la dirección nacional del INTA comunicó a la ingeniera agrónoma e investigadora Virginia Aparicio, integrante de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, que debía suspender la comunicación pública de los resultados de un proyecto internacional denominado SPRINT —“Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global”— en el que participaba Argentina. La presentación de los resultados estaba prevista para el 21 de junio de ese año.

El proyecto SPRINT estudia la presencia de plaguicidas y sus posibles impactos en diferentes componentes del ambiente y en las personas. La investigación cuenta con participación internacional y protocolos comunes para los países involucrados. En Argentina se realizaron muestreos durante 2021 y las muestras biológicas fueron posteriormente analizadas en laboratorios europeos.

De acuerdo con la información publicada por Agencia Tierra Viva, los resultados preliminares correspondientes a 73 participantes argentinos detectaron la presencia de hasta 18 plaguicidas en muestras de sangre, orina y materia fecal. Estos resultados forman parte de una investigación científica y deben ser interpretados dentro del marco metodológico correspondiente, pero abren interrogantes relevantes sobre la exposición de las poblaciones a sustancias utilizadas en los sistemas productivos.

¿Qué investiga el Estado y para quién?

El INTA fue creado en 1956 con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y científico del sector agropecuario. Su normativa fundacional también incorporaba una preocupación por la conservación de los recursos naturales.

A partir de esta función histórica surge una pregunta que continúa siendo relevante: ¿puede la investigación agropecuaria desvincularse de los efectos ambientales y sanitarios asociados a las prácticas productivas?

La producción agrícola no ocurre de manera aislada. Los plaguicidas utilizados en los cultivos pueden interactuar con distintos componentes de los ecosistemas y, dependiendo de las sustancias, las condiciones de aplicación y las vías de exposición, generar riesgos que deben ser evaluados científicamente.

Por eso, conocer qué sustancias están presentes en los suelos, el agua, el aire o los organismos constituye un aspecto fundamental para comprender las transformaciones que atraviesan los territorios agrícolas.

El caso de Pergamino

La nota de Tierra Viva recupera también el caso de Pergamino, provincia de Buenos Aires, como un antecedente significativo. Investigaciones realizadas por equipos vinculados al INTA Balcarce aportaron información sobre la presencia de plaguicidas en muestras ambientales utilizadas posteriormente en una causa judicial.

Según el artículo, un informe del Cuerpo Médico Forense señaló que, sobre un conjunto de 49 plaguicidas analizados, los valores encontrados en determinadas muestras de agua no eran aptos para consumo humano. El caso también puso de manifiesto la ausencia de valores regulatorios para numerosos plaguicidas utilizados en la actividad agrícola.

La experiencia de Pergamino muestra la importancia de contar con sistemas de monitoreo ambiental y sanitario capaces de generar información pública y comparable a lo largo del tiempo. Sin datos sistemáticos resulta más difícil evaluar tendencias, identificar fuentes de contaminación y diseñar políticas de prevención.

Ciencia pública y diversidad de enfoques

El debate no se limita a una institución. Dentro del propio sistema científico y tecnológico conviven diferentes perspectivas sobre la producción agropecuaria, desde investigaciones orientadas a aumentar la productividad hasta trabajos relacionados con agroecología, agricultura familiar, ambiente y salud.

Esta diversidad es importante porque los problemas ambientales y productivos son complejos y no pueden ser abordados desde una única disciplina.

La discusión sobre los plaguicidas requiere integrar conocimientos provenientes de la agronomía, la toxicología, la ecología, la epidemiología, la química, las ciencias sociales y otras áreas. También resulta relevante incorporar los conocimientos y experiencias de las comunidades que viven en territorios donde se desarrollan actividades agrícolas intensivas.

En este sentido, la disponibilidad de información científica constituye una herramienta fundamental para la sociedad. Los datos ambientales y sanitarios permiten evaluar políticas públicas, establecer medidas de prevención y discutir alternativas productivas con mayor fundamento.

Un debate que continúa vigente

La controversia en torno al proyecto SPRINT y al rol del INTA pone sobre la mesa una cuestión más amplia: ¿qué características debería tener una política científica pública frente a los problemas ambientales y sanitarios asociados a las actividades productivas?

La respuesta requiere fortalecer la investigación independiente, garantizar mecanismos transparentes para la comunicación de resultados y desarrollar sistemas permanentes de monitoreo ambiental y sanitario.

También resulta necesario promover espacios de diálogo entre investigadores, organismos públicos, productores, organizaciones sociales y comunidades. La discusión sobre el modelo agropecuario no puede reducirse exclusivamente a indicadores de producción: también involucra la calidad del agua y del suelo, la biodiversidad, las condiciones de vida de las poblaciones rurales y urbanas y los posibles impactos sobre la salud.

Desde la perspectiva de la Economía Ecológica, estos debates adquieren especial relevancia porque permiten analizar las relaciones entre los sistemas económicos, sociales y ecológicos. La producción de alimentos forma parte de un sistema mucho más amplio, en el que los beneficios económicos y productivos conviven con impactos ambientales y sociales que deben ser reconocidos y evaluados.

El acceso a información confiable es, en este contexto, una condición necesaria para una discusión democrática sobre el presente y el futuro de los territorios.

Fuente: Agencia de Noticias Tierra Viva, “Censura y agrotóxicos en el INTA, silencio para sostener el agronegocio”, 23 de junio de 2023.

Leer la nota original en Agencia Tierra Viva

Participá de la petición

Las organizaciones, instituciones y personas abajo firmantes expresamos nuestro acompañamiento a la Dra. Virginia Carolina Aparicio, investigadora del INTA e Investigadora Independiente del CONICET en Balcarce, y nuestra preocupación ante la decisión de avanzar con su exoneración de la Administración Pública Nacional.  Podés acompañar el pedido llenando el siguiente formulario